LA CRISIS DE LA SALUD PÚBLICA O LA TRANSFORMACIÓN DE LA SALUD EN UN GRAN NEGOCIO PARA LOS EMPRESARIOS PRIVADOS.

    No es ninguna novedad que la salud pública chilena se encuentra en crisis, los datos así lo demuestran. La pregunta que nos surge es ¿por qué el sistema de salud público es tan malo e ineficiente?, una primera respuesta sería que la salud no es un derecho consagrado por la constitución política del Estado, una segunda respuesta es que la mayor demanda de salud se realiza a los servicios públicos, lo que es confirmado por los datos entregados por la “Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2013, que establece que el sistema público de salud es responsable de entregar cuidados de salud al 78,29% de nuestras(os) compatriotas beneficiarias(os) del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En tanto, la provisión privada de servicios de salud, concentra su actividad en el 14,23% de beneficiarias(os) de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres)”. Estos datos nos indican un hecho más que conocido, cual es que, es el Estado a quien se le demanda, de forma casi exclusiva la entrega de soluciones a los diversos problemas de salud pública, en otras palabras, el Estado es el que concentra el mayor nivel de demanda en salud, y este mismo Estado se ha preocupado más  de financiar la salud privada que la pública, lo que explica la crisis que estamos viviendo. Por otro lado, se nos ha educado a hacer responsable a este mismo Estado de entregar y responder ante las necesidades de la salud de nuestro pueblo, responsabilidad que claramente no ha tenido la capacidad ni la intención de asumir por ningún lado.

Que el Estado sea el garante de la salud pública implica que este, es responsable de la construcción de hospitales, centros de salud y policlínicos, al mismo tiempo es el encargado de generar y producir profesionales como médicos, enfermeras y los diversos especialistas y técnicos para que se desarrollen en esta área. Pero la porfiada realidad indica que esta responsabilidad no está siendo asumida por los distintos gobiernos que han administrado al Estado en estos últimos 26 años, todo lo contrario, tanto la nueva mayoría y la alianza se han preocupado particularmente en fortalecer la salud privada. De esta forma “la red privada de prestadores (clínicas, laboratorios, etc.), en tanto, ha contado con tres mecanismos mediante los cuales el Fisco les entrega cuantiosas sumas por la compra de servicios y subsidios a la demanda. Estos mecanismos son: la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación del GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde el 2011, el bono AUGE. Esto ha implicado el traspaso de $ 6.809 millones de dólares entre 2005 y 2012, lo cual explica el vertiginoso crecimiento de la red privada que aumentó su capacidad en 20% en el periodo el 2005-2011[1]”. Estos traspasos sistemáticos de recursos del Estado a la salud privada a significado que “la deuda de los hospitales públicos podría alcanzar a marzo del 2016 un total de $340 mil millones de pesos[2]”. En otras palabras el Estado chileno se ha dedicado a invertir en las empresas de la salud privada más que en la salud pública, lo que nos presenta una situación paradigmática, que no es difícil de explicar bajo la lógica del subsidio a la demanda de salud.

Una segunda fuente de información, afirma que “en Chile sólo el 19% de la población tiene ISAPRE, pero recauda el 56% de las cotizaciones (de donde obtienen las utilidades, que el 2012 fueron $80.000 millones y el primer semestre de 2013 fue mayor a $34.0000 millones). En ellas están los más sanos y los más jóvenes (a los otros los echan). Gran negocio[3]”. Esto quiere decir que el sistema de seguros de salud FONASA, traspasan el 56% de sus recursos de todas las y los chilenos a la empresa privada de salud, situación que va en perjuicio directo de la salud pública. En otras palabras, el dinero público pasa directamente a la empresa privada en forma de subsidio, como diría un humorista, rara la w.

Gracias a que el Estado le traspasa el 56% de los recursos económicos a las empresas privadas de salud, hecho que se traduce en que “el pago por las prestaciones del FONASA a los hospitales públicos no alcanza a cubrir su costo real. Cubriendo menos de la mitad de su costo real (40%)”, por lo cual la deuda hospitalaria, como ya lo expusimos, alcanza a marzo del 2016 un total de $340 mil millones de pesos. Con esta información, podemos asegurar sin mayor duda que existe la intención manifiesta por parte de los gobiernos de la nueva mayoría y la alianza de destruir el sistema de salud público

Un ejemplo práctico de la afirmación anterior es que Fonasa compra centralizadamente “días camas” a  las clínicas privadas, para muestra un botón: a la “Clínica Las Condes, a quien le paga por un día cama básico $827 mil pesos, mientras que a un hospital público solo le paga $60 mil. Durante 2012 el gasto por esta vía fue de $19.521 millones, cifra que perfectamente podría haber sido utilizada en ampliar la oferta de camas públicas cuyo déficit histórico era de 3.000 camas en 2010[1]”.  Para el año 2013, se calculó que la compra de servicios a clínicas y prestadores privados fue de $1.187 millones de dólares, lo que significa directamente menos dinero para la construcción de hospitales públicos.

Solo a modo de ejemplo, con los $1.187 millones de dólares que el Estado entregó el 2013 a las clínicas privadas, se ”podrían haber contratado unos 32 mil nuevos profesionales para la red pública, solucionando el problema de falta de recursos humanos. Este monto equivale también a financiar la construcción de cuatro hospitales de alta complejidad, o cerca de 400 nuevos consultorios de atención primaria”.

Como se puede observar, las políticas implementadas por la concertación hoy nueva mayoría y sus socios de la alianza, han tenido un  único objetivo específico, cual es  dañar al sistema de salud público, situación que se viene produciendo a partir de la tiranía, periodo en el cual la inversión en hospitales fue prácticamente cero, “Con la Concertación hubo mayor inversión, pero fue insuficiente: entre 1999 y el 2009 la capacidad hospitalaria del sistema público (medida en camas) se redujo en 12%[2]”. Este hecho nos indica sin mayores dudas que, las políticas tanto de la tiranía y de esta supuesta democracia de 26 años, se han dedicado a destruir la salud pública con la finalidad de beneficiar directamente a los empresarios privados que se enriquecen gracias a estas políticas.

Es de interés destacar que en nuestro país, no se encuentra consagrado ni garantizado el derecho a la salud en la Constitución política del Estado, solamente se asegura el derecho a elegir entre estar en FONASA o en una ISAPRE. Gracias a esto, es que en Chile existe un régimen de salud estatal destinado a un grupo privilegiado de la población, expresado en políticas de focalización de recursos, “este principio implica que las políticas públicas son diseñadas para grupos específicos de la población que se encuentran en alguna “situación de carencia” y, por tanto, requieren de la asistencia del Estado. Este enfoque terminó por liquidar la concepción de la universalidad en los derechos, dado que todo derecho es tal en tanto es igual para todos[3]”.

La focalización de las políticas públicas en la población que se encuentran en alguna “situación de carencia”, nos demuestra que el único interés de los gobiernos en estos últimos 43 años ha sido transformar a las personas en situación de pobreza en una fuente contante de traspasos de recursos económicos vía subsidio a los empresarios de la salud, la educación y vivienda entre otras áreas del que hacer económico nacional. En otras palabras, se ha transformado a los pobres en un factor de enriquecimiento empresarial.

Ahora bien, para mejorar la salud pública sólo en Santiago, se requiere la construcción de a lo menos de 12 hospitales, pero como no existe la intención de solucionar el problema, ya que esto afectaría directamente las ganancias de los empresarios de la salud, a la fecha solo se encuentran en construcción en la región metropolitana los hospitales de Melipilla; Barros Luco Trudeau; la reposición de complejo asistencial Dr. Sótero del Río y hospital de Puente Alto, lo que suman en total 5, de los cuales 2 de ellos son reposición de recintos que dejaron de funcionar. Estos nuevos hospitales y reposiciones de los mismos, no mejorarán significativamente la salud pública en la región metropolitana, menos aun cuando estos establecimientos serán concesionados, lo que implica que una vez terminados serán traspasados a la empresa privada, y por si esto fuera poco, la construcción de nuevos hospitales está detenida, pues solo se ha dejado en estudio la construcción de los hospitales de la zona norte de Santiago; el Instituto nacional del cáncer; Normalización de la asistencia pública segunda etapa[4]. En estudio quiere decir que no es seguro que se construyan.

Finalmente, todo nos da a entender que la salud en nuestro bello país, no tiene por donde mejorar mientras se mantenga la misma visión ideológica que establece el subsidio a la demanda, que no es más que el traspaso de plata vía subsidio a la empresa privada, y las políticas de focalización, que lo único que hace es transformar a los más pobres y necesitados de nuestra nación en instrumentos de benéfico económico para los empresarios privados que se enriquecen con los problemas de salud de todas y todos los chilenos.

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Mario Paz Montecinos

Secretario General de Los Hijos de Mafalda

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