ECONOMÍA SOCIAL: EMPRESA VERSUS ESTADO O LA GRAN MENTIRA DE LA EMPRESA NEOLIBERAL

ECONOMÍA SOCIAL: EMPRESA VERSUS ESTADO O LA GRAN MENTIRA DE LA EMPRESA NEOLIBERAL

  Desde muy pequeños, somos sometidos a un proceso de socialización y culturización ideológica, principalmente de base idealista, capitalista o neoliberal. Esta concepción del mundo, nos presenta un conjunto de verdades, como la existencia de un pacto social, creado por nosotros los seres humanos como garantía de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos, que por naturaleza, generan estos mismos intereses individuales. De esta forma, las pasiones individuales connaturales a los seres humanos, pueden ser controladas por las leyes morales y naturales, promulgadas por un Estado, que debe ser administrado por sujetos electos mediante un proceso de participación social, idealmente democrática.

 
Esta visión ideológica, establece que el Estado, está encargado de defender la libertad de los individuos, asegurando de esta forma la paz social, y con ella, la protección de la libertad, principios fundamentales que se traducen entonces, en la defensa del deseo de los seres humanos, expresados en la consecución de propiedad y riqueza. 
 
Es así como los seres humanos, que aman la libertad, la democracia y la propiedad, finalmente sólo buscan el poder y dominio sobre otros, acciones que pueden realizar por la moral religiosa que los avala.
 
Lo expuesto, es una visión ideológica determinada, que cruza todo nuestro quehacer social, político y económico. De esta visión se desprenden dos cosas (inicialmente), la primera de ellas es que el pacto social representado por el Estado, es la expresión de la limitación del accionar humano, mediatizado por el control social ejercido por la moral y las leyes naturales. En segundo lugar, si el Estado es un ente que cumple con la función de limitar la libertad, este, no puede tener a cargo los procesos de desarrollo social y económico, ya que éstos requieren de la pasión, que no es más que la libertar individual, expresada en el poder del dominio sobre los otros, en consecuencia de la sociedad.
 
Toda esta breve introducción, busca establecer las bases teóricas, filosóficas e ideológicas de los modelos políticos que nos aseguran que el Estado no puede ni debe ser un sujeto económico, ya que limita la libertad, por lo mismo, esta es tarea exclusiva de las personas, que se arrogan el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, acciones que se traducen en la instalación y reproducción del poder y dominio por sobre los otros, en este caso de sus trabajadores.
 
Esta verdad absoluta, que establece que el quehacer económico es tarea exclusiva de las personas, quienes tienen el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, se ha instalado durante gran parte de la historia moderna de la humanidad. Esta verdad incuestionable, nos hace pensar que la economía de una nación, tiene una dinámica propia totalmente distanciada del Estado, y de los gobiernos que lo administran, hecho que en la práctica no es real, ya que sin este aparato burocrático y regulatorio, no existirían las leyes que protegieran el libre mercado y la propiedad privada. 
 
Pero, no nos interesa, establecer que el Estado gracias a la creación y promulgación de un marco normativo particular, permite los procesos de acumulación de capital y riqueza, ese tema debe ya a esta altura de la discusión estar zanjado, por lo mismo, la intención de este texto es demostrar, que el motor de la economía no es la empresa privada, como nos han enseñado, sino todo lo contrario es el Estado.
 
Para lograr este objetivo, en primer lugar, debemos establecer que en el caso particular de Chile, las empresas privadas más grandes de nuestra nación fueron creadas directamente por el Estado, específicamente por la CORFO, y que como todos saben, posteriormente fueron traspasadas al sector privado a costos irrisorios, con dineros obtenidos vía créditos facilitados por las AFP, y sus bancos asociados, entidades financieras que administran recursos de propiedad de los trabajadores y de la población en general. De esta forma, se potencia y crea un nuevo grupo de empresarios privados, que se hacen cargo de empresas creadas por el aparato público que se encontraban ya en procesos productivos.
 
En segundo lugar, y más fundamental aún, es demostrar que el Estado como motor de la economía nacional, se expresa en los procesos de comercialización de bienes vía exportación, así como también en el consumo interno. La constatación del primer hecho, se ve a simple vista, sólo con observar los productos que nuestro país comercializa, todos ellos son de origen natural, ya sean producidos en tierra, o extraídos del mar, fuentes naturales traspasadas o entregadas en concesión a la empresa privada para que las exploten y se enriquezca. En el caso de la explotación de minerales, en nuestro país se produce un caso paradójico, ya que siendo el Estado el Propietario de tan sólo el 24% de las empresas de cobre y otros minerales, sigue siendo este mismo Estado el mayor productor de este mineral, logrando una mayor eficiencia y eficacia que las empresas privadas. Esto se traduce en un ingreso permanente para el Estado, gracias a la venta de esta materia prima, y al mismo tiempo, la generación de múltiples cadenas productivas, como de transporte, alimenticia, eléctrica entre otras. 
 
La producción por sí misma, no es el motor de la economía, por los mismo debemos comprender que el motor de una nación es el consumo interno, que es el encargado de movilizar todo su quehacer social, político y económico, sin el cual no podría existir el Estado. El silogismo es básico, la producción no sirve si no existe quien la consuma.
 
Ahora bien, el consumo interno es la actividad expresada en el “consumo”, realizada en el territorio económico (interior físico) de un país tanto por residentes como por no residentes que en esos momentos se encuentren en el país. Podríamos decir también, que el consumo interno es el mercado básico donde intercambiamos nuestro dinero por servicios y productos, actividad que se puede realizar en cualquier tienda, restaurant, negocio, vega y feria. Este proceso de intercambio, que se realiza diariamente al interior de la nación es lo que mueve toda la economía de los países.
 
La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para que se produzca el consumo interno?, muchos responderán de los salarios de los trabajadores, verdad incuestionable, pero entonces la pregunta sería y ¿de dónde sale ese dinero que se transforma en salario, y que se convierte en consumo interno?, la explicación básica puede ser, que éste es producido por el Estado, según las necesidades de consumo, dinero que posteriormente es distribuido por el banco central a los bancos comerciales. El tema es que el peso chileno no es convertible a nada, ya que no existe el patrón oro en nuestro país, por lo tanto es papel sin valor, a pesar de ello, es utilizado como herramienta de intercambio. En el caso chileno, el dinero no es producido por los bancos privados, por lo tanto, es el Estado el productor y propietario del dinero que circula en nuestra nación.
 
Si el Estado produce, y distribuye el dinero de la nación, eso nos da a entender que la empresa privada, no tiene o no debería tener el control de la moneda nacional.
 
Ahora bien, que Chile sea un país que produce y exporta casi exclusivamente materias primas, se debe a que vivimos en un Estado con una economía preindustrial, mono productora, la que no desarrolla cadenas productivas que amplíe la oferta laboral. Esto se traduce en un bajo porcentaje de empleos formales y con garantías sociales. De esta forma, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras con contrato escriturado, desarrollan funciones principalmente en el sector público, o sea, trabajando para el Estado en sus diversas manifestaciones. Hecho que se demuestra con los datos entregados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS ), que asegura que en diciembre de 2014 el empleo a nivel nacional creció un 1% en relación al mismo mes de 2013, esto significó la creación de 20.680 empleos durante el período, de los cuales más de 12 mil los generó la Administración Pública, o sea el Estado, mientras que la empresa privada, particularmente de la construcción, produjo el mayor nivel de abortos laborales, representando un -6%. El Estado no sólo generó la mayor cantidad de trabajo, también es el que paga los mayores salarios, tanto así que en el periodo antes mencionado el promedio de los ingresos por trabajador del sector público fue de $730.000 pesos mensuales.
 
Un país que produce de forma exclusiva materias primas, es una nación con una economía preindustrial y mono productora, lo que en la práctica no es un problema, ya que las poblaciones de estas naciones no son muy abultadas. El problema es para los países que alcanzaron un nivel de industrialización, y que luego dicha industria fue destruida, que es el caso chileno, este retroceso genera una gran masa de ciudadanos que al no encontrar un trabajo formal, se ven en la necesidad de crear uno, lo que se traduce en auto empleo, el que se integra principalmente al sector servicios y comercio.
 
Entenderemos que el trabajo formal, es el que cumple con un conjunto de características específicas como: contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo, regido por el código civil, estatuto administrativo, o estatuto docente; pago de imposiciones de AFP y Salud principalmente, por el contrario el trabajo informal, es el que no cuenta con ningún tipo de contrato, ni pago de leyes sociales. Este tipo de trabajadores no cuenta con ninguna protección social ni legal. Finalmente tenemos a los trabajadores a honorarios, los que según la ley no cuentan con ningún derecho consagrado, ya que ellos a pesar de tener contratos, sólo arriendan temporal y parcialmente su capacidad intelectual. Ellos también están vinculados a la venta de servicios.
 
Como ustedes deben saber, los trabajadores informales se desempeñan como comerciantes, vendedores, microempresarios, trabajadoras a domicilio, trabajadoras temporeras y propineros entre otros. Estos trabajadores informales, caen en la categoría de emprendedores, o microempresarios, quienes representan el 73,1% de todas las empresas del país, y dan el 91,92%  del empleo en Chile, producen el 14,5% y representan el 2% de las ventas nacionales, mientras la gran empresa solamente genera el 0,4% del empleo. Además, estos emprendedores, deben ser apoyados, ya que como unidades productivas de subsistencia que no tienen posibilidades de competir en el mercado, a excepción del doméstico. Estas limitaciones, no permiten procesos de acumulación de capital y riqueza, finalmente estos empresarios chiquititos terminan consumiendo su inversión y capital, auto fagocitándose. Producto de esto, el Estado, se ve en la necesidad de entregar apoyo en forma de capacitación y de recursos económicos, sean éstas inyecciones de dinero, en forma de crédito o donaciones.
 
Los recursos antes mencionados, son entregados por el fondo esperanza, capital abeja y semilla entre otros, a cargo del FOSIS., por otro lado la CORFO, asegura que los subsidios, que se triplicaron entre 2009 y 2012, esto quiere decir, que los beneficiarios crecieron en 344%, pasando de 3.461 en 2009 a 11.711 en 2012, alcanzando una distribución de $46.799 millones de pesos, destinados principalmente a la creación de 200 mil nuevas empresas en los últimos 3 años. 
 
Como la necesidad del Estado, es mantener un nivel de consumo interno, este debe aumentar constantemente el presupuesto del Ministerio del Trabajo, es así como, para 2014, el gobierno chileno amplió en un 21% el presupuesto de dicho ministerio, lo que representa $10.273 millones de dólares. Sin estos recursos que son traspasados vía subsidio a la amplitud de las empresas, el nivel de consumo interno disminuiría generando una crisis sostenida para el Estado y la sociedad en general.
 
Tanto los créditos, así como también las donaciones de dineros a las microempresas, se transforman en inversión, o sea, consumo, que permite el movimiento de cadenas productivas y de servicios en la economía interna de la nación. En este primer punto, podemos observar un ejemplo concreto de cómo el Estado es el motor de la economía nacional.
 
El apoyo a estas unidades productivas, no es casual, ya que Chile tiene la tasa de emprendimiento más alta del mundo, información entregada por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en un proceso de investigación realizado por la Universidad del Desarrollo, que estableció que las  personas de “entre 18 y 64 años que declara haber iniciado un nuevo negocio, casi triplica los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La investigación detalla que los chilenos de entre 18 y 64 años, que poseen un negocio que no supera los 3,5 años (de vida del negocio), representan el 23,4% de la población económicamente activa”. Según este estudio, estos emprendedores son “de clase media, con grados educacionales superiores a los obligatorios en Chile y dueños de negocios orientados preferentemente al sector servicios al consumidor ”, esto se explica por lo antes expresado, nuestro país no cuenta con empresas e industrias que generen cadenas productivas que se transformen en nuevos puestos de trabajo, por lo mismo hasta los profesionales deben caer en la lógica del auto empleo. 
 
Como se puede observar, la microempresa, no es la única unidad productiva y de servicios que recibe financiamiento del Estado, también el fisco estimula a la pequeña y mediana empresa más conocida como Pyme, para esto la CORFO por medio del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), inyecta permanentemente recursos frescos, vía créditos y donaciones. Lo anterior es complementado con el  “subsidio al empleo”, que beneficia a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, con rentas inferiores a los $360 mil pesos. Este beneficio equivalente al 30% de las rentas brutas anuales de estos trabajadores. Este beneficio es exclusivo para obreros que estén cotizando en alguna AFP, de esta forma el Estado inyecta recursos frescos a estas empresas privadas que se encuentran en crisis. Este subsidio a la contratación de trabajadores, que se entrega a la empresa privada por el Estado, persigue estimular los procesos de absorción de mano de obra, que con sus salarios mantendrán el consumo interno.
 
El subsidio al pago de cotizaciones a las AFP, que realiza el Estado, tiene un tope anual de $576.000 pesos, por lo tanto, es destinado a trabajadores que tengan un salario entre $200.000 y $360.000 pesos mensuales. El programa establece, que el trabajador recibirá el 75% del dinero del subsidio, el 25% restante, es un subsidio directo al empresario que genera el empleo. Esto quiere decir que el Estado Chileno, no sólo estimula la contratación, también paga al empresario privado por dar empleo. Debemos agregar el bono “mujer trabajadora”, que beneficia a unas 250 mil mujeres, dependientes e independientes con sus cotizaciones al día, que tengan entre 25 y 59 años, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población . Esto  no es más que un subsidio directo a las empresas privadas. Para entregar estos dineros, se exige una condición, cual es que, las beneficiarias deben ser pobres, hecho que se constata específicamente por la aplicación de la Ficha de Protección Social.
 
Con la información ya expuesta, hemos comenzado a presentar el cuadro que establece al Estado y no a la empresa privada como el motor de la economía nacional. La defensa que algunos pueden plantear, es que estos recursos son destinados a los más pobres y desposeídos, cuestión que no negamos, ya que entendemos que esta población sin estos recursos se moriría de hambre o ya se hubieran levantado en armas para terminar con la miseria en que se les mantiene sometidos. El tema, es que como lo hemos planteado, los subsidios también van dirigidos a la empresa privada, expresado en el pago de un porcentaje del salario de los trabajadores, y el pago de sus imposiciones, recursos destinados directamente a las AFP, al mismo tiempo, en el proceso de capacitación y traspaso de recursos a las diversas unidades productivas el Estado contrata a múltiples empresas privadas dedicadas a estas áreas del quehacer profesional, generando nuevas cadenas de trabajo financiadas por el aparato público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde muy pequeños, somos sometidos a un proceso de socialización y culturización ideológica, principalmente de base idealista, capitalista o neoliberal. Esta concepción del mundo, nos presenta un conjunto de verdades, como la existencia de un pacto social, creado por nosotros los seres humanos como garantía de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos, que por naturaleza, generan estos mismos intereses individuales. De esta forma, las pasiones individuales connaturales a los seres humanos, pueden ser controladas por las leyes morales y naturales, promulgadas por un Estado, que debe ser administrado por sujetos electos mediante un proceso de participación social, idealmente democrática.
 
Esta visión ideológica, establece que el Estado, está encargado de defender la libertad de los individuos, asegurando de esta forma la paz social, y con ella, la protección de la libertad, principios fundamentales que se traducen entonces, en la defensa del deseo de los seres humanos, expresados en la consecución de propiedad y riqueza. 
 
Es así como los seres humanos, que aman la libertad, la democracia y la propiedad, finalmente sólo buscan el poder y dominio sobre otros, acciones que pueden realizar por la moral religiosa que los avala.
 
Lo expuesto, es una visión ideológica determinada, que cruza todo nuestro quehacer social, político y económico. De esta visión se desprenden dos cosas (inicialmente), la primera de ellas es que el pacto social representado por el Estado, es la expresión de la limitación del accionar humano, mediatizado por el control social ejercido por la moral y las leyes naturales. En segundo lugar, si el Estado es un ente que cumple con la función de limitar la libertad, este, no puede tener a cargo los procesos de desarrollo social y económico, ya que éstos requieren de la pasión, que no es más que la libertar individual, expresada en el poder del dominio sobre los otros, en consecuencia de la sociedad.
 
Toda esta breve introducción, busca establecer las bases teóricas, filosóficas e ideológicas de los modelos políticos que nos aseguran que el Estado no puede ni debe ser un sujeto económico, ya que limita la libertad, por lo mismo, esta es tarea exclusiva de las personas, que se arrogan el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, acciones que se traducen en la instalación y reproducción del poder y dominio por sobre los otros, en este caso de sus trabajadores.
 
Esta verdad absoluta, que establece que el quehacer económico es tarea exclusiva de las personas, quienes tienen el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, se ha instalado durante gran parte de la historia moderna de la humanidad. Esta verdad incuestionable, nos hace pensar que la economía de una nación, tiene una dinámica propia totalmente distanciada del Estado, y de los gobiernos que lo administran, hecho que en la práctica no es real, ya que sin este aparato burocrático y regulatorio, no existirían las leyes que protegieran el libre mercado y la propiedad privada. 
 
Pero, no nos interesa, establecer que el Estado gracias a la creación y promulgación de un marco normativo particular, permite los procesos de acumulación de capital y riqueza, ese tema debe ya a esta altura de la discusión estar zanjado, por lo mismo, la intención de este texto es demostrar, que el motor de la economía no es la empresa privada, como nos han enseñado, sino todo lo contrario es el Estado.
 
Para lograr este objetivo, en primer lugar, debemos establecer que en el caso particular de Chile, las empresas privadas más grandes de nuestra nación fueron creadas directamente por el Estado, específicamente por la CORFO, y que como todos saben, posteriormente fueron traspasadas al sector privado a costos irrisorios, con dineros obtenidos vía créditos facilitados por las AFP, y sus bancos asociados, entidades financieras que administran recursos de propiedad de los trabajadores y de la población en general. De esta forma, se potencia y crea un nuevo grupo de empresarios privados, que se hacen cargo de empresas creadas por el aparato público que se encontraban ya en procesos productivos.
 
En segundo lugar, y más fundamental aún, es demostrar que el Estado como motor de la economía nacional, se expresa en los procesos de comercialización de bienes vía exportación, así como también en el consumo interno. La constatación del primer hecho, se ve a simple vista, sólo con observar los productos que nuestro país comercializa, todos ellos son de origen natural, ya sean producidos en tierra, o extraídos del mar, fuentes naturales traspasadas o entregadas en concesión a la empresa privada para que las exploten y se enriquezca. En el caso de la explotación de minerales, en nuestro país se produce un caso paradójico, ya que siendo el Estado el Propietario de tan sólo el 24% de las empresas de cobre y otros minerales, sigue siendo este mismo Estado el mayor productor de este mineral, logrando una mayor eficiencia y eficacia que las empresas privadas. Esto se traduce en un ingreso permanente para el Estado, gracias a la venta de esta materia prima, y al mismo tiempo, la generación de múltiples cadenas productivas, como de transporte, alimenticia, eléctrica entre otras. 
 
La producción por sí misma, no es el motor de la economía, por los mismo debemos comprender que el motor de una nación es el consumo interno, que es el encargado de movilizar todo su quehacer social, político y económico, sin el cual no podría existir el Estado. El silogismo es básico, la producción no sirve si no existe quien la consuma.
 
Ahora bien, el consumo interno es la actividad expresada en el “consumo”, realizada en el territorio económico (interior físico) de un país tanto por residentes como por no residentes que en esos momentos se encuentren en el país. Podríamos decir también, que el consumo interno es el mercado básico donde intercambiamos nuestro dinero por servicios y productos, actividad que se puede realizar en cualquier tienda, restaurant, negocio, vega y feria. Este proceso de intercambio, que se realiza diariamente al interior de la nación es lo que mueve toda la economía de los países.
 
La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para que se produzca el consumo interno?, muchos responderán de los salarios de los trabajadores, verdad incuestionable, pero entonces la pregunta sería y ¿de dónde sale ese dinero que se transforma en salario, y que se convierte en consumo interno?, la explicación básica puede ser, que éste es producido por el Estado, según las necesidades de consumo, dinero que posteriormente es distribuido por el banco central a los bancos comerciales. El tema es que el peso chileno no es convertible a nada, ya que no existe el patrón oro en nuestro país, por lo tanto es papel sin valor, a pesar de ello, es utilizado como herramienta de intercambio. En el caso chileno, el dinero no es producido por los bancos privados, por lo tanto, es el Estado el productor y propietario del dinero que circula en nuestra nación.
 
Si el Estado produce, y distribuye el dinero de la nación, eso nos da a entender que la empresa privada, no tiene o no debería tener el control de la moneda nacional.
 
Ahora bien, que Chile sea un país que produce y exporta casi exclusivamente materias primas, se debe a que vivimos en un Estado con una economía preindustrial, mono productora, la que no desarrolla cadenas productivas que amplíe la oferta laboral. Esto se traduce en un bajo porcentaje de empleos formales y con garantías sociales. De esta forma, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras con contrato escriturado, desarrollan funciones principalmente en el sector público, o sea, trabajando para el Estado en sus diversas manifestaciones. Hecho que se demuestra con los datos entregados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS ), que asegura que en diciembre de 2014 el empleo a nivel nacional creció un 1% en relación al mismo mes de 2013, esto significó la creación de 20.680 empleos durante el período, de los cuales más de 12 mil los generó la Administración Pública, o sea el Estado, mientras que la empresa privada, particularmente de la construcción, produjo el mayor nivel de abortos laborales, representando un -6%. El Estado no sólo generó la mayor cantidad de trabajo, también es el que paga los mayores salarios, tanto así que en el periodo antes mencionado el promedio de los ingresos por trabajador del sector público fue de $730.000 pesos mensuales.
 
Un país que produce de forma exclusiva materias primas, es una nación con una economía preindustrial y mono productora, lo que en la práctica no es un problema, ya que las poblaciones de estas naciones no son muy abultadas. El problema es para los países que alcanzaron un nivel de industrialización, y que luego dicha industria fue destruida, que es el caso chileno, este retroceso genera una gran masa de ciudadanos que al no encontrar un trabajo formal, se ven en la necesidad de crear uno, lo que se traduce en auto empleo, el que se integra principalmente al sector servicios y comercio.
 
Entenderemos que el trabajo formal, es el que cumple con un conjunto de características específicas como: contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo, regido por el código civil, estatuto administrativo, o estatuto docente; pago de imposiciones de AFP y Salud principalmente, por el contrario el trabajo informal, es el que no cuenta con ningún tipo de contrato, ni pago de leyes sociales. Este tipo de trabajadores no cuenta con ninguna protección social ni legal. Finalmente tenemos a los trabajadores a honorarios, los que según la ley no cuentan con ningún derecho consagrado, ya que ellos a pesar de tener contratos, sólo arriendan temporal y parcialmente su capacidad intelectual. Ellos también están vinculados a la venta de servicios.
 
Como ustedes deben saber, los trabajadores informales se desempeñan como comerciantes, vendedores, microempresarios, trabajadoras a domicilio, trabajadoras temporeras y propineros entre otros. Estos trabajadores informales, caen en la categoría de emprendedores, o microempresarios, quienes representan el 73,1% de todas las empresas del país, y dan el 91,92%  del empleo en Chile, producen el 14,5% y representan el 2% de las ventas nacionales, mientras la gran empresa solamente genera el 0,4% del empleo. Además, estos emprendedores, deben ser apoyados, ya que como unidades productivas de subsistencia que no tienen posibilidades de competir en el mercado, a excepción del doméstico. Estas limitaciones, no permiten procesos de acumulación de capital y riqueza, finalmente estos empresarios chiquititos terminan consumiendo su inversión y capital, auto fagocitándose. Producto de esto, el Estado, se ve en la necesidad de entregar apoyo en forma de capacitación y de recursos económicos, sean éstas inyecciones de dinero, en forma de crédito o donaciones.
 
Los recursos antes mencionados, son entregados por el fondo esperanza, capital abeja y semilla entre otros, a cargo del FOSIS., por otro lado la CORFO, asegura que los subsidios, que se triplicaron entre 2009 y 2012, esto quiere decir, que los beneficiarios crecieron en 344%, pasando de 3.461 en 2009 a 11.711 en 2012, alcanzando una distribución de $46.799 millones de pesos, destinados principalmente a la creación de 200 mil nuevas empresas en los últimos 3 años. 
 
Como la necesidad del Estado, es mantener un nivel de consumo interno, este debe aumentar constantemente el presupuesto del Ministerio del Trabajo, es así como, para 2014, el gobierno chileno amplió en un 21% el presupuesto de dicho ministerio, lo que representa $10.273 millones de dólares. Sin estos recursos que son traspasados vía subsidio a la amplitud de las empresas, el nivel de consumo interno disminuiría generando una crisis sostenida para el Estado y la sociedad en general.
 
Tanto los créditos, así como también las donaciones de dineros a las microempresas, se transforman en inversión, o sea, consumo, que permite el movimiento de cadenas productivas y de servicios en la economía interna de la nación. En este primer punto, podemos observar un ejemplo concreto de cómo el Estado es el motor de la economía nacional.
 
El apoyo a estas unidades productivas, no es casual, ya que Chile tiene la tasa de emprendimiento más alta del mundo, información entregada por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en un proceso de investigación realizado por la Universidad del Desarrollo, que estableció que las  personas de “entre 18 y 64 años que declara haber iniciado un nuevo negocio, casi triplica los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La investigación detalla que los chilenos de entre 18 y 64 años, que poseen un negocio que no supera los 3,5 años (de vida del negocio), representan el 23,4% de la población económicamente activa”. Según este estudio, estos emprendedores son “de clase media, con grados educacionales superiores a los obligatorios en Chile y dueños de negocios orientados preferentemente al sector servicios al consumidor ”, esto se explica por lo antes expresado, nuestro país no cuenta con empresas e industrias que generen cadenas productivas que se transformen en nuevos puestos de trabajo, por lo mismo hasta los profesionales deben caer en la lógica del auto empleo. 
 
Como se puede observar, la microempresa, no es la única unidad productiva y de servicios que recibe financiamiento del Estado, también el fisco estimula a la pequeña y mediana empresa más conocida como Pyme, para esto la CORFO por medio del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), inyecta permanentemente recursos frescos, vía créditos y donaciones. Lo anterior es complementado con el  “subsidio al empleo”, que beneficia a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, con rentas inferiores a los $360 mil pesos. Este beneficio equivalente al 30% de las rentas brutas anuales de estos trabajadores. Este beneficio es exclusivo para obreros que estén cotizando en alguna AFP, de esta forma el Estado inyecta recursos frescos a estas empresas privadas que se encuentran en crisis. Este subsidio a la contratación de trabajadores, que se entrega a la empresa privada por el Estado, persigue estimular los procesos de absorción de mano de obra, que con sus salarios mantendrán el consumo interno.
 
El subsidio al pago de cotizaciones a las AFP, que realiza el Estado, tiene un tope anual de $576.000 pesos, por lo tanto, es destinado a trabajadores que tengan un salario entre $200.000 y $360.000 pesos mensuales. El programa establece, que el trabajador recibirá el 75% del dinero del subsidio, el 25% restante, es un subsidio directo al empresario que genera el empleo. Esto quiere decir que el Estado Chileno, no sólo estimula la contratación, también paga al empresario privado por dar empleo. Debemos agregar el bono “mujer trabajadora”, que beneficia a unas 250 mil mujeres, dependientes e independientes con sus cotizaciones al día, que tengan entre 25 y 59 años, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población . Esto  no es más que un subsidio directo a las empresas privadas. Para entregar estos dineros, se exige una condición, cual es que, las beneficiarias deben ser pobres, hecho que se constata específicamente por la aplicación de la Ficha de Protección Social.
 
Con la información ya expuesta, hemos comenzado a presentar el cuadro que establece al Estado y no a la empresa privada como el motor de la economía nacional. La defensa que algunos pueden plantear, es que estos recursos son destinados a los más pobres y desposeídos, cuestión que no negamos, ya que entendemos que esta población sin estos recursos se moriría de hambre o ya se hubieran levantado en armas para terminar con la miseria en que se les mantiene sometidos. El tema, es que como lo hemos planteado, los subsidios también van dirigidos a la empresa privada, expresado en el pago de un porcentaje del salario de los trabajadores, y el pago de sus imposiciones, recursos destinados directamente a las AFP, al mismo tiempo, en el proceso de capacitación y traspaso de recursos a las diversas unidades productivas el Estado contrata a múltiples empresas privadas dedicadas a estas áreas del quehacer profesional, generando nuevas cadenas de trabajo financiadas por el aparato público. 

Desde muy pequeños, somos sometidos a un proceso de socialización y culturización ideológica, principalmente de base idealista, capitalista o neoliberal. Esta concepción del mundo, nos presenta un conjunto de verdades, como la existencia de un pacto social, creado por nosotros los seres humanos como garantía de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos, que por naturaleza, generan estos mismos intereses individuales. De esta forma, las pasiones individuales connaturales a los seres humanos, pueden ser controladas por las leyes morales y naturales, promulgadas por un Estado, que debe ser administrado por sujetos electos mediante un proceso de participación social, idealmente democrática.
 
Esta visión ideológica, establece que el Estado, está encargado de defender la libertad de los individuos, asegurando de esta forma la paz social, y con ella, la protección de la libertad, principios fundamentales que se traducen entonces, en la defensa del deseo de los seres humanos, expresados en la consecución de propiedad y riqueza. 
 
Es así como los seres humanos, que aman la libertad, la democracia y la propiedad, finalmente sólo buscan el poder y dominio sobre otros, acciones que pueden realizar por la moral religiosa que los avala.
 
Lo expuesto, es una visión ideológica determinada, que cruza todo nuestro quehacer social, político y económico. De esta visión se desprenden dos cosas (inicialmente), la primera de ellas es que el pacto social representado por el Estado, es la expresión de la limitación del accionar humano, mediatizado por el control social ejercido por la moral y las leyes naturales. En segundo lugar, si el Estado es un ente que cumple con la función de limitar la libertad, este, no puede tener a cargo los procesos de desarrollo social y económico, ya que éstos requieren de la pasión, que no es más que la libertar individual, expresada en el poder del dominio sobre los otros, en consecuencia de la sociedad.
 
Toda esta breve introducción, busca establecer las bases teóricas, filosóficas e ideológicas de los modelos políticos que nos aseguran que el Estado no puede ni debe ser un sujeto económico, ya que limita la libertad, por lo mismo, esta es tarea exclusiva de las personas, que se arrogan el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, acciones que se traducen en la instalación y reproducción del poder y dominio por sobre los otros, en este caso de sus trabajadores.
 
Esta verdad absoluta, que establece que el quehacer económico es tarea exclusiva de las personas, quienes tienen el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, se ha instalado durante gran parte de la historia moderna de la humanidad. Esta verdad incuestionable, nos hace pensar que la economía de una nación, tiene una dinámica propia totalmente distanciada del Estado, y de los gobiernos que lo administran, hecho que en la práctica no es real, ya que sin este aparato burocrático y regulatorio, no existirían las leyes que protegieran el libre mercado y la propiedad privada. 
 
Pero, no nos interesa, establecer que el Estado gracias a la creación y promulgación de un marco normativo particular, permite los procesos de acumulación de capital y riqueza, ese tema debe ya a esta altura de la discusión estar zanjado, por lo mismo, la intención de este texto es demostrar, que el motor de la economía no es la empresa privada, como nos han enseñado, sino todo lo contrario es el Estado.
 
Para lograr este objetivo, en primer lugar, debemos establecer que en el caso particular de Chile, las empresas privadas más grandes de nuestra nación fueron creadas directamente por el Estado, específicamente por la CORFO, y que como todos saben, posteriormente fueron traspasadas al sector privado a costos irrisorios, con dineros obtenidos vía créditos facilitados por las AFP, y sus bancos asociados, entidades financieras que administran recursos de propiedad de los trabajadores y de la población en general. De esta forma, se potencia y crea un nuevo grupo de empresarios privados, que se hacen cargo de empresas creadas por el aparato público que se encontraban ya en procesos productivos.
 
En segundo lugar, y más fundamental aún, es demostrar que el Estado como motor de la economía nacional, se expresa en los procesos de comercialización de bienes vía exportación, así como también en el consumo interno. La constatación del primer hecho, se ve a simple vista, sólo con observar los productos que nuestro país comercializa, todos ellos son de origen natural, ya sean producidos en tierra, o extraídos del mar, fuentes naturales traspasadas o entregadas en concesión a la empresa privada para que las exploten y se enriquezca. En el caso de la explotación de minerales, en nuestro país se produce un caso paradójico, ya que siendo el Estado el Propietario de tan sólo el 24% de las empresas de cobre y otros minerales, sigue siendo este mismo Estado el mayor productor de este mineral, logrando una mayor eficiencia y eficacia que las empresas privadas. Esto se traduce en un ingreso permanente para el Estado, gracias a la venta de esta materia prima, y al mismo tiempo, la generación de múltiples cadenas productivas, como de transporte, alimenticia, eléctrica entre otras. 
 
La producción por sí misma, no es el motor de la economía, por los mismo debemos comprender que el motor de una nación es el consumo interno, que es el encargado de movilizar todo su quehacer social, político y económico, sin el cual no podría existir el Estado. El silogismo es básico, la producción no sirve si no existe quien la consuma.
 
Ahora bien, el consumo interno es la actividad expresada en el “consumo”, realizada en el territorio económico (interior físico) de un país tanto por residentes como por no residentes que en esos momentos se encuentren en el país. Podríamos decir también, que el consumo interno es el mercado básico donde intercambiamos nuestro dinero por servicios y productos, actividad que se puede realizar en cualquier tienda, restaurant, negocio, vega y feria. Este proceso de intercambio, que se realiza diariamente al interior de la nación es lo que mueve toda la economía de los países.
 
La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para que se produzca el consumo interno?, muchos responderán de los salarios de los trabajadores, verdad incuestionable, pero entonces la pregunta sería y ¿de dónde sale ese dinero que se transforma en salario, y que se convierte en consumo interno?, la explicación básica puede ser, que éste es producido por el Estado, según las necesidades de consumo, dinero que posteriormente es distribuido por el banco central a los bancos comerciales. El tema es que el peso chileno no es convertible a nada, ya que no existe el patrón oro en nuestro país, por lo tanto es papel sin valor, a pesar de ello, es utilizado como herramienta de intercambio. En el caso chileno, el dinero no es producido por los bancos privados, por lo tanto, es el Estado el productor y propietario del dinero que circula en nuestra nación.
 
Si el Estado produce, y distribuye el dinero de la nación, eso nos da a entender que la empresa privada, no tiene o no debería tener el control de la moneda nacional.
 
Ahora bien, que Chile sea un país que produce y exporta casi exclusivamente materias primas, se debe a que vivimos en un Estado con una economía preindustrial, mono productora, la que no desarrolla cadenas productivas que amplíe la oferta laboral. Esto se traduce en un bajo porcentaje de empleos formales y con garantías sociales. De esta forma, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras con contrato escriturado, desarrollan funciones principalmente en el sector público, o sea, trabajando para el Estado en sus diversas manifestaciones. Hecho que se demuestra con los datos entregados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS ), que asegura que en diciembre de 2014 el empleo a nivel nacional creció un 1% en relación al mismo mes de 2013, esto significó la creación de 20.680 empleos durante el período, de los cuales más de 12 mil los generó la Administración Pública, o sea el Estado, mientras que la empresa privada, particularmente de la construcción, produjo el mayor nivel de abortos laborales, representando un -6%. El Estado no sólo generó la mayor cantidad de trabajo, también es el que paga los mayores salarios, tanto así que en el periodo antes mencionado el promedio de los ingresos por trabajador del sector público fue de $730.000 pesos mensuales.
 
Un país que produce de forma exclusiva materias primas, es una nación con una economía preindustrial y mono productora, lo que en la práctica no es un problema, ya que las poblaciones de estas naciones no son muy abultadas. El problema es para los países que alcanzaron un nivel de industrialización, y que luego dicha industria fue destruida, que es el caso chileno, este retroceso genera una gran masa de ciudadanos que al no encontrar un trabajo formal, se ven en la necesidad de crear uno, lo que se traduce en auto empleo, el que se integra principalmente al sector servicios y comercio.
 
Entenderemos que el trabajo formal, es el que cumple con un conjunto de características específicas como: contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo, regido por el código civil, estatuto administrativo, o estatuto docente; pago de imposiciones de AFP y Salud principalmente, por el contrario el trabajo informal, es el que no cuenta con ningún tipo de contrato, ni pago de leyes sociales. Este tipo de trabajadores no cuenta con ninguna protección social ni legal. Finalmente tenemos a los trabajadores a honorarios, los que según la ley no cuentan con ningún derecho consagrado, ya que ellos a pesar de tener contratos, sólo arriendan temporal y parcialmente su capacidad intelectual. Ellos también están vinculados a la venta de servicios.
 
Como ustedes deben saber, los trabajadores informales se desempeñan como comerciantes, vendedores, microempresarios, trabajadoras a domicilio, trabajadoras temporeras y propineros entre otros. Estos trabajadores informales, caen en la categoría de emprendedores, o microempresarios, quienes representan el 73,1% de todas las empresas del país, y dan el 91,92%  del empleo en Chile, producen el 14,5% y representan el 2% de las ventas nacionales, mientras la gran empresa solamente genera el 0,4% del empleo. Además, estos emprendedores, deben ser apoyados, ya que como unidades productivas de subsistencia que no tienen posibilidades de competir en el mercado, a excepción del doméstico. Estas limitaciones, no permiten procesos de acumulación de capital y riqueza, finalmente estos empresarios chiquititos terminan consumiendo su inversión y capital, auto fagocitándose. Producto de esto, el Estado, se ve en la necesidad de entregar apoyo en forma de capacitación y de recursos económicos, sean éstas inyecciones de dinero, en forma de crédito o donaciones.
 
Los recursos antes mencionados, son entregados por el fondo esperanza, capital abeja y semilla entre otros, a cargo del FOSIS., por otro lado la CORFO, asegura que los subsidios, que se triplicaron entre 2009 y 2012, esto quiere decir, que los beneficiarios crecieron en 344%, pasando de 3.461 en 2009 a 11.711 en 2012, alcanzando una distribución de $46.799 millones de pesos, destinados principalmente a la creación de 200 mil nuevas empresas en los últimos 3 años. 
 
Como la necesidad del Estado, es mantener un nivel de consumo interno, este debe aumentar constantemente el presupuesto del Ministerio del Trabajo, es así como, para 2014, el gobierno chileno amplió en un 21% el presupuesto de dicho ministerio, lo que representa $10.273 millones de dólares. Sin estos recursos que son traspasados vía subsidio a la amplitud de las empresas, el nivel de consumo interno disminuiría generando una crisis sostenida para el Estado y la sociedad en general.
 
Tanto los créditos, así como también las donaciones de dineros a las microempresas, se transforman en inversión, o sea, consumo, que permite el movimiento de cadenas productivas y de servicios en la economía interna de la nación. En este primer punto, podemos observar un ejemplo concreto de cómo el Estado es el motor de la economía nacional.
 
El apoyo a estas unidades productivas, no es casual, ya que Chile tiene la tasa de emprendimiento más alta del mundo, información entregada por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en un proceso de investigación realizado por la Universidad del Desarrollo, que estableció que las  personas de “entre 18 y 64 años que declara haber iniciado un nuevo negocio, casi triplica los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La investigación detalla que los chilenos de entre 18 y 64 años, que poseen un negocio que no supera los 3,5 años (de vida del negocio), representan el 23,4% de la población económicamente activa”. Según este estudio, estos emprendedores son “de clase media, con grados educacionales superiores a los obligatorios en Chile y dueños de negocios orientados preferentemente al sector servicios al consumidor ”, esto se explica por lo antes expresado, nuestro país no cuenta con empresas e industrias que generen cadenas productivas que se transformen en nuevos puestos de trabajo, por lo mismo hasta los profesionales deben caer en la lógica del auto empleo. 
 
Como se puede observar, la microempresa, no es la única unidad productiva y de servicios que recibe financiamiento del Estado, también el fisco estimula a la pequeña y mediana empresa más conocida como Pyme, para esto la CORFO por medio del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), inyecta permanentemente recursos frescos, vía créditos y donaciones. Lo anterior es complementado con el  “subsidio al empleo”, que beneficia a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, con rentas inferiores a los $360 mil pesos. Este beneficio equivalente al 30% de las rentas brutas anuales de estos trabajadores. Este beneficio es exclusivo para obreros que estén cotizando en alguna AFP, de esta forma el Estado inyecta recursos frescos a estas empresas privadas que se encuentran en crisis. Este subsidio a la contratación de trabajadores, que se entrega a la empresa privada por el Estado, persigue estimular los procesos de absorción de mano de obra, que con sus salarios mantendrán el consumo interno.
 
El subsidio al pago de cotizaciones a las AFP, que realiza el Estado, tiene un tope anual de $576.000 pesos, por lo tanto, es destinado a trabajadores que tengan un salario entre $200.000 y $360.000 pesos mensuales. El programa establece, que el trabajador recibirá el 75% del dinero del subsidio, el 25% restante, es un subsidio directo al empresario que genera el empleo. Esto quiere decir que el Estado Chileno, no sólo estimula la contratación, también paga al empresario privado por dar empleo. Debemos agregar el bono “mujer trabajadora”, que beneficia a unas 250 mil mujeres, dependientes e independientes con sus cotizaciones al día, que tengan entre 25 y 59 años, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población . Esto  no es más que un subsidio directo a las empresas privadas. Para entregar estos dineros, se exige una condición, cual es que, las beneficiarias deben ser pobres, hecho que se constata específicamente por la aplicación de la Ficha de Protección Social.
 
Con la información ya expuesta, hemos comenzado a presentar el cuadro que establece al Estado y no a la empresa privada como el motor de la economía nacional. La defensa que algunos pueden plantear, es que estos recursos son destinados a los más pobres y desposeídos, cuestión que no negamos, ya que entendemos que esta población sin estos recursos se moriría de hambre o ya se hubieran levantado en armas para terminar con la miseria en que se les mantiene sometidos. El tema, es que como lo hemos planteado, los subsidios también van dirigidos a la empresa privada, expresado en el pago de un porcentaje del salario de los trabajadores, y el pago de sus imposiciones, recursos destinados directamente a las AFP, al mismo tiempo, en el proceso de capacitación y traspaso de recursos a las diversas unidades productivas el Estado contrata a múltiples empresas privadas dedicadas a estas áreas del quehacer profesional, generando nuevas cadenas de trabajo financiadas por el aparato público. 
 
 
 
Desde muy pequeños, somos sometidos a un proceso de socialización y culturización ideológica, principalmente de base idealista, capitalista o neoliberal. Esta concepción del mundo, nos presenta un conjunto de verdades, como la existencia de un pacto social, creado por nosotros los seres humanos como garantía de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos, que por naturaleza, generan estos mismos intereses individuales. De esta forma, las pasiones individuales connaturales a los seres humanos, pueden ser controladas por las leyes morales y naturales, promulgadas por un Estado, que debe ser administrado por sujetos electos mediante un proceso de participación social, idealmente democrática.
 
Esta visión ideológica, establece que el Estado, está encargado de defender la libertad de los individuos, asegurando de esta forma la paz social, y con ella, la protección de la libertad, principios fundamentales que se traducen entonces, en la defensa del deseo de los seres humanos, expresados en la consecución de propiedad y riqueza. 
 
Es así como los seres humanos, que aman la libertad, la democracia y la propiedad, finalmente sólo buscan el poder y dominio sobre otros, acciones que pueden realizar por la moral religiosa que los avala.
 
Lo expuesto, es una visión ideológica determinada, que cruza todo nuestro quehacer social, político y económico. De esta visión se desprenden dos cosas (inicialmente), la primera de ellas es que el pacto social representado por el Estado, es la expresión de la limitación del accionar humano, mediatizado por el control social ejercido por la moral y las leyes naturales. En segundo lugar, si el Estado es un ente que cumple con la función de limitar la libertad, este, no puede tener a cargo los procesos de desarrollo social y económico, ya que éstos requieren de la pasión, que no es más que la libertar individual, expresada en el poder del dominio sobre los otros, en consecuencia de la sociedad.
 
Toda esta breve introducción, busca establecer las bases teóricas, filosóficas e ideológicas de los modelos políticos que nos aseguran que el Estado no puede ni debe ser un sujeto económico, ya que limita la libertad, por lo mismo, esta es tarea exclusiva de las personas, que se arrogan el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, acciones que se traducen en la instalación y reproducción del poder y dominio por sobre los otros, en este caso de sus trabajadores.
 
Esta verdad absoluta, que establece que el quehacer económico es tarea exclusiva de las personas, quienes tienen el derecho de la propiedad de la tierra y creación de empresas productivas, se ha instalado durante gran parte de la historia moderna de la humanidad. Esta verdad incuestionable, nos hace pensar que la economía de una nación, tiene una dinámica propia totalmente distanciada del Estado, y de los gobiernos que lo administran, hecho que en la práctica no es real, ya que sin este aparato burocrático y regulatorio, no existirían las leyes que protegieran el libre mercado y la propiedad privada. 
 
Pero, no nos interesa, establecer que el Estado gracias a la creación y promulgación de un marco normativo particular, permite los procesos de acumulación de capital y riqueza, ese tema debe ya a esta altura de la discusión estar zanjado, por lo mismo, la intención de este texto es demostrar, que el motor de la economía no es la empresa privada, como nos han enseñado, sino todo lo contrario es el Estado.
 
Para lograr este objetivo, en primer lugar, debemos establecer que en el caso particular de Chile, las empresas privadas más grandes de nuestra nación fueron creadas directamente por el Estado, específicamente por la CORFO, y que como todos saben, posteriormente fueron traspasadas al sector privado a costos irrisorios, con dineros obtenidos vía créditos facilitados por las AFP, y sus bancos asociados, entidades financieras que administran recursos de propiedad de los trabajadores y de la población en general. De esta forma, se potencia y crea un nuevo grupo de empresarios privados, que se hacen cargo de empresas creadas por el aparato público que se encontraban ya en procesos productivos.
 
En segundo lugar, y más fundamental aún, es demostrar que el Estado como motor de la economía nacional, se expresa en los procesos de comercialización de bienes vía exportación, así como también en el consumo interno. La constatación del primer hecho, se ve a simple vista, sólo con observar los productos que nuestro país comercializa, todos ellos son de origen natural, ya sean producidos en tierra, o extraídos del mar, fuentes naturales traspasadas o entregadas en concesión a la empresa privada para que las exploten y se enriquezca. En el caso de la explotación de minerales, en nuestro país se produce un caso paradójico, ya que siendo el Estado el Propietario de tan sólo el 24% de las empresas de cobre y otros minerales, sigue siendo este mismo Estado el mayor productor de este mineral, logrando una mayor eficiencia y eficacia que las empresas privadas. Esto se traduce en un ingreso permanente para el Estado, gracias a la venta de esta materia prima, y al mismo tiempo, la generación de múltiples cadenas productivas, como de transporte, alimenticia, eléctrica entre otras. 
 
La producción por sí misma, no es el motor de la economía, por los mismo debemos comprender que el motor de una nación es el consumo interno, que es el encargado de movilizar todo su quehacer social, político y económico, sin el cual no podría existir el Estado. El silogismo es básico, la producción no sirve si no existe quien la consuma.
 
Ahora bien, el consumo interno es la actividad expresada en el “consumo”, realizada en el territorio económico (interior físico) de un país tanto por residentes como por no residentes que en esos momentos se encuentren en el país. Podríamos decir también, que el consumo interno es el mercado básico donde intercambiamos nuestro dinero por servicios y productos, actividad que se puede realizar en cualquier tienda, restaurant, negocio, vega y feria. Este proceso de intercambio, que se realiza diariamente al interior de la nación es lo que mueve toda la economía de los países.
 
La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para que se produzca el consumo interno?, muchos responderán de los salarios de los trabajadores, verdad incuestionable, pero entonces la pregunta sería y ¿de dónde sale ese dinero que se transforma en salario, y que se convierte en consumo interno?, la explicación básica puede ser, que éste es producido por el Estado, según las necesidades de consumo, dinero que posteriormente es distribuido por el banco central a los bancos comerciales. El tema es que el peso chileno no es convertible a nada, ya que no existe el patrón oro en nuestro país, por lo tanto es papel sin valor, a pesar de ello, es utilizado como herramienta de intercambio. En el caso chileno, el dinero no es producido por los bancos privados, por lo tanto, es el Estado el productor y propietario del dinero que circula en nuestra nación.
 
Si el Estado produce, y distribuye el dinero de la nación, eso nos da a entender que la empresa privada, no tiene o no debería tener el control de la moneda nacional.
 
Ahora bien, que Chile sea un país que produce y exporta casi exclusivamente materias primas, se debe a que vivimos en un Estado con una economía preindustrial, mono productora, la que no desarrolla cadenas productivas que amplíe la oferta laboral. Esto se traduce en un bajo porcentaje de empleos formales y con garantías sociales. De esta forma, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras con contrato escriturado, desarrollan funciones principalmente en el sector público, o sea, trabajando para el Estado en sus diversas manifestaciones. Hecho que se demuestra con los datos entregados por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS ), que asegura que en diciembre de 2014 el empleo a nivel nacional creció un 1% en relación al mismo mes de 2013, esto significó la creación de 20.680 empleos durante el período, de los cuales más de 12 mil los generó la Administración Pública, o sea el Estado, mientras que la empresa privada, particularmente de la construcción, produjo el mayor nivel de abortos laborales, representando un -6%. El Estado no sólo generó la mayor cantidad de trabajo, también es el que paga los mayores salarios, tanto así que en el periodo antes mencionado el promedio de los ingresos por trabajador del sector público fue de $730.000 pesos mensuales.
 
Un país que produce de forma exclusiva materias primas, es una nación con una economía preindustrial y mono productora, lo que en la práctica no es un problema, ya que las poblaciones de estas naciones no son muy abultadas. El problema es para los países que alcanzaron un nivel de industrialización, y que luego dicha industria fue destruida, que es el caso chileno, este retroceso genera una gran masa de ciudadanos que al no encontrar un trabajo formal, se ven en la necesidad de crear uno, lo que se traduce en auto empleo, el que se integra principalmente al sector servicios y comercio.
 
Entenderemos que el trabajo formal, es el que cumple con un conjunto de características específicas como: contrato de trabajo indefinido o a plazo fijo, regido por el código civil, estatuto administrativo, o estatuto docente; pago de imposiciones de AFP y Salud principalmente, por el contrario el trabajo informal, es el que no cuenta con ningún tipo de contrato, ni pago de leyes sociales. Este tipo de trabajadores no cuenta con ninguna protección social ni legal. Finalmente tenemos a los trabajadores a honorarios, los que según la ley no cuentan con ningún derecho consagrado, ya que ellos a pesar de tener contratos, sólo arriendan temporal y parcialmente su capacidad intelectual. Ellos también están vinculados a la venta de servicios.
 
Como ustedes deben saber, los trabajadores informales se desempeñan como comerciantes, vendedores, microempresarios, trabajadoras a domicilio, trabajadoras temporeras y propineros entre otros. Estos trabajadores informales, caen en la categoría de emprendedores, o microempresarios, quienes representan el 73,1% de todas las empresas del país, y dan el 91,92%  del empleo en Chile, producen el 14,5% y representan el 2% de las ventas nacionales, mientras la gran empresa solamente genera el 0,4% del empleo. Además, estos emprendedores, deben ser apoyados, ya que como unidades productivas de subsistencia que no tienen posibilidades de competir en el mercado, a excepción del doméstico. Estas limitaciones, no permiten procesos de acumulación de capital y riqueza, finalmente estos empresarios chiquititos terminan consumiendo su inversión y capital, auto fagocitándose. Producto de esto, el Estado, se ve en la necesidad de entregar apoyo en forma de capacitación y de recursos económicos, sean éstas inyecciones de dinero, en forma de crédito o donaciones.
 
Los recursos antes mencionados, son entregados por el fondo esperanza, capital abeja y semilla entre otros, a cargo del FOSIS., por otro lado la CORFO, asegura que los subsidios, que se triplicaron entre 2009 y 2012, esto quiere decir, que los beneficiarios crecieron en 344%, pasando de 3.461 en 2009 a 11.711 en 2012, alcanzando una distribución de $46.799 millones de pesos, destinados principalmente a la creación de 200 mil nuevas empresas en los últimos 3 años. 
 
Como la necesidad del Estado, es mantener un nivel de consumo interno, este debe aumentar constantemente el presupuesto del Ministerio del Trabajo, es así como, para 2014, el gobierno chileno amplió en un 21% el presupuesto de dicho ministerio, lo que representa $10.273 millones de dólares. Sin estos recursos que son traspasados vía subsidio a la amplitud de las empresas, el nivel de consumo interno disminuiría generando una crisis sostenida para el Estado y la sociedad en general.
 
Tanto los créditos, así como también las donaciones de dineros a las microempresas, se transforman en inversión, o sea, consumo, que permite el movimiento de cadenas productivas y de servicios en la economía interna de la nación. En este primer punto, podemos observar un ejemplo concreto de cómo el Estado es el motor de la economía nacional.
 
El apoyo a estas unidades productivas, no es casual, ya que Chile tiene la tasa de emprendimiento más alta del mundo, información entregada por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en un proceso de investigación realizado por la Universidad del Desarrollo, que estableció que las  personas de “entre 18 y 64 años que declara haber iniciado un nuevo negocio, casi triplica los niveles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La investigación detalla que los chilenos de entre 18 y 64 años, que poseen un negocio que no supera los 3,5 años (de vida del negocio), representan el 23,4% de la población económicamente activa”. Según este estudio, estos emprendedores son “de clase media, con grados educacionales superiores a los obligatorios en Chile y dueños de negocios orientados preferentemente al sector servicios al consumidor ”, esto se explica por lo antes expresado, nuestro país no cuenta con empresas e industrias que generen cadenas productivas que se transformen en nuevos puestos de trabajo, por lo mismo hasta los profesionales deben caer en la lógica del auto empleo. 
 
Como se puede observar, la microempresa, no es la única unidad productiva y de servicios que recibe financiamiento del Estado, también el fisco estimula a la pequeña y mediana empresa más conocida como Pyme, para esto la CORFO por medio del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), inyecta permanentemente recursos frescos, vía créditos y donaciones. Lo anterior es complementado con el  “subsidio al empleo”, que beneficia a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, con rentas inferiores a los $360 mil pesos. Este beneficio equivalente al 30% de las rentas brutas anuales de estos trabajadores. Este beneficio es exclusivo para obreros que estén cotizando en alguna AFP, de esta forma el Estado inyecta recursos frescos a estas empresas privadas que se encuentran en crisis. Este subsidio a la contratación de trabajadores, que se entrega a la empresa privada por el Estado, persigue estimular los procesos de absorción de mano de obra, que con sus salarios mantendrán el consumo interno.
 
El subsidio al pago de cotizaciones a las AFP, que realiza el Estado, tiene un tope anual de $576.000 pesos, por lo tanto, es destinado a trabajadores que tengan un salario entre $200.000 y $360.000 pesos mensuales. El programa establece, que el trabajador recibirá el 75% del dinero del subsidio, el 25% restante, es un subsidio directo al empresario que genera el empleo. Esto quiere decir que el Estado Chileno, no sólo estimula la contratación, también paga al empresario privado por dar empleo. Debemos agregar el bono “mujer trabajadora”, que beneficia a unas 250 mil mujeres, dependientes e independientes con sus cotizaciones al día, que tengan entre 25 y 59 años, pertenecientes al 30% más vulnerable de la población . Esto  no es más que un subsidio directo a las empresas privadas. Para entregar estos dineros, se exige una condición, cual es que, las beneficiarias deben ser pobres, hecho que se constata específicamente por la aplicación de la Ficha de Protección Social.
 
Con la información ya expuesta, hemos comenzado a presentar el cuadro que establece al Estado y no a la empresa privada como el motor de la economía nacional. La defensa que algunos pueden plantear, es que estos recursos son destinados a los más pobres y desposeídos, cuestión que no negamos, ya que entendemos que esta población sin estos recursos se moriría de hambre o ya se hubieran levantado en armas para terminar con la miseria en que se les mantiene sometidos. El tema, es que como lo hemos planteado, los subsidios también van dirigidos a la empresa privada, expresado en el pago de un porcentaje del salario de los trabajadores, y el pago de sus imposiciones, recursos destinados directamente a las AFP, al mismo tiempo, en el proceso de capacitación y traspaso de recursos a las diversas unidades productivas el Estado contrata a múltiples empresas privadas dedicadas a estas áreas del quehacer profesional, generando nuevas cadenas de trabajo financiadas por el aparato público. 
 
 
 
 
 
El Estado chileno es tan potente que por intermedio de la CORFO y el Ministerio de Economía, en el año “2010 ideo el programa de emprendimiento “Start-Up Chile”, el cual, según sus creadores, aspira a convertir al país en el centro líder en innovación de América Latina, junto con una serie de programas complementarios que contribuyen a facilitar la transferencia internacional de tecnologías. “El programa Start-up Chile ha generado, entre su fecha de inicio y el 2013, más de 700 nuevas empresas, muchas de las cuales han sido creadas por emprendedores extranjeros. El programa, trata de atraer a emprendedores extranjeros ofreciéndoles $40.0000 dólares en forma de capital semilla (sin participación accionaria) y una visa de trabajo de corto plazo para aquellos emprendedores que se trasladen a Chile a desarrollar sus proyectos durante un periodo de seis meses. Hasta la fecha, el programa ha respaldado proyectos procedentes de más de 70 países. Esto ha contribuido a impulsar el atractivo de Chile como centro de desarrollo de nuevas empresas y compensa las débiles percepciones existentes sobre su capacidad de innovación y su disposición a tomar riesgos ”. Efectivamente, a extranjeros le entregan como capital semilla $40 mil dólares y a los chilenos, el mismo capital semilla no supera los $300 mil pesos, pero así es la cosa.
 
Ahora, se hace necesario presentar los subsidios entregados a la empresa privada en comparación a los que se entregan al ciudadano de a pie, al pobre del campo y la ciudad. Para iniciar este proceso, debemos en primer lugar destacar a la Ficha de Protección Social (FPS), instrumento vital para poder postular a los beneficios estatales, como los subsidios. Según el sitio web de ChileAtiende, define a la FPS como “un instrumento que permite identificar a personas y familias vulnerables o que viven en situación de pobreza, para que puedan acceder a los beneficios que el Estado tiene para ellas”. Algunos de estos beneficios son los subsidios habitacionales antes mencionados, Pensión Básica Solidaria, subsidio único familiar, subsidio al agua potable, Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer, Beca práctica técnico-profesional, Programa Yo Trabajo, Capital Semilla, entre otros. 
 
Ejemplo de la asociación entre la Ficha de Protección Social y los beneficios entregados, es el programa Puente, hoy Ingreso ético Familiar (IEF), ya que para acceder a él es necesario tener como puntaje mínimo entre 2.073 a 4.213, estos son los más pobres entre los pobre. Este programa, presta asesoría familiar y laboral, y además entrega un subsidio en forma de bono permanente de 40 mil pesos mensuales para estas familias pobres por un plazo de 2 años. Además, el pertenecer a este programa, permite acceder al subsidio único familiar y al del agua potable.
 
La ficha establece que si una persona tiene de 2.072 a 8.500 puntos, es parte del primer quintil, situación que permite acceder directamente al subsidio de vivienda básica, siempre y cuando cumpla con un ahorro mínimo.
 
Por ejemplo, los proyectos FOSIS en su gran mayoría están limitados para personas con hasta 8.500 puntos en la ficha. De igual forma, para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, es necesario pertenecer al 40% de la población considerada socioeconómicamente entre las familias más pobres del país. Ser parte de este segmento, a la vez, permite acceder  al Subsidio al Empleo Joven, y al Subsidio único Familiar SUF, que tiene puntaje de corte superior, igual a 11.734 puntos, por lo tanto, está compuesto por las personas y familias categorizadas en el primer y segundo quintil. Para acceder al programa Jefa de Hogar, que ofrece capacitación, asesoría y beneficios de salud, las mujeres no deben tener más de 13.484 puntos en la ficha, este programa amplía el margen a personas pertenecientes al tercer quintil. Finalmente, el puntaje máximo que entrega la Ficha de Protección Social es de 16316.
 
Como se podrá comprender, toda la población de nuestro país, puede tener un puntaje que caracterice a su familia, y según esto será clasificada. Para dar más claridad tanto a los quintiles y los puntajes de la ficha, presentaremos la asociación quintil-puntaje ficha:
 
-Primer quintil: de 2.072 a 8.500 puntos.
-Segundo quintil: de 8.501 a 11.734 puntos.
-Tercer quintil: de 11.735 a 13.484 puntos.
-Cuarto quintil: de 13.485 a 14.557 puntos.
-Quinto quintil: 14.558 o más puntos.
 
Para los que no lo saben, la actual Ficha de Protección Social (FPS) comenzó a ser utilizada en el año 2007 y se transformó en el único mecanismo de caracterización social vigente y con el cual las familias pueden postular a los beneficios sociales entregados por el Estado de Chile. El puntaje se calcula con una fórmula “en base a la información que entrega cada familia al momento de ser encuestados”, tales como el número de integrantes, la edad, ingresos, nivel educacional. El procedimiento básico es sumar los ingresos mensuales de todos los miembros de la familia, los que luego son divididos por la cantidad de integrantes del mismo grupo, el resultado de este procedimiento arroja el ingreso familiar por persona. Este cálculo considera las cotizaciones de los últimos 12 meses disponibles a la fecha de postulación.
 
Los subsidios asociados a la ficha de protección social, que permiten acceder a los beneficios que entrega el Estado, son finalmente elemento básico y fundamental que mueve la economía doméstica, o sea el consumo interno. Los subsidios son en todas sus modalidades, una forma de realizar traspasos de recursos económicos al mercado, a la empresa privada y a la población en general, ya que todos estos se transforman en dinero contante y sonante que se transforma en salario e ingresos, que se traducen finalmente en consumo.
 
Si tomamos por ejemplo, todas las capacitaciones que realizan los diferentes programas, nos percatamos que, éstas son ejecutadas por profesionales y técnicos, que perciben un salario por realizar dicha labor. Otro ejemplo sería el subsidio único familiar, que entrega un bono en dinero por carga y por mujer embarazada, recursos que no son destinados al ahorro, todo lo contrario, son utilizados en la compra de bienes y el pago de servicios como electricidad, transporte y gas. Este mismo programa, genera una cadena de demanda al sector privado de la salud, particularmente al farmacéutico, ya que todas las personas beneficiadas tienen acceso gratuito al sistema de salud público sin la necesidad de cotizar el 7% de sus remuneraciones.
 
Por otro lado, se encuentra el subsidio al agua potable, que efectivamente beneficia a las familias más pobres, pero de paso reduce el nivel de morosidad de las empresas de agua potable, ya que el Estado se hace cargo del pago de estas cuentas. Esto quiere decir que, existe un subsidio que cancela el 75% del valor de la cuenta mensual, y en el caso de las familias que pertenecen al IEF, el estado asume el pago del 100% del consumo de agua potable. 
 
La Pensión Básica Solidaria, como todos saben, es una herramienta del Estado que traspasa dinero a los adultos mayores que por diversos motivos no lograron cotizar en una aseguradora de pensiones, por lo mismo el INP en el año 2005, establece que: “el sistema de pensiones público chileno otorga un total de 1.510.748 pensiones de todo tipo, más 34.341 bonos de reconocimiento, que si lo sumamos a este bono, nos da un total de 1.545.089 beneficios previsionales pagadas por el Estado. La mayor cantidad de éstas es recibida por adultos mayores. Las jubilaciones no asistenciales son 886.269 y las pensiones asistenciales son 401.000 todas entregadas por el INP, esto quiere decir que el año 2005, el Estado financió más del 80% de todas las pensiones que se entregaron en nuestro país
 
Finalmente, las “familias con Ficha de Protección Social que se concentran dentro del primer quintil, representan un 53.49% de las encuestadas, en tanto un 21.58% se encuentran en el segundo quintil y un 11.81% se ubican en el tercer quintil. El cuarto y quinto quintil cuentan con sólo un 8.84% y 4.27% del total de familias encuestadas respectivamente . Los datos actuales nos muestran que del total de los encuestados, el 74.7% se encuentra en condiciones de pobreza, si a esto agregamos el dato del año 2011, que nos exponía que existían aproximadamente 11 millones de personas encuestadas, correspondientes a 3,67 millones de familias, que representaban un 65% de la población nacional , podríamos llegar a establecer que de estos 11.330.560 que componen el universo de los encuestados, 8.463.928 chilenos se encuentran en condiciones de pobreza, por lo tanto, el Estado nacional se ve en la obligación de entregar algún tipo de beneficio económico, que les permita enfrentar dicha situación, ya que sin estos beneficios esta población no tendría los medios para subsistir.
 
 
 
Finamente, nos encontramos con el aparato estatal, en su máximo apogeo, estructura pública que cuenta con 90  mil empleados que se desempeñan en el gobierno central, a los que debemos sumar 80 mil trabajadores y trabajadoras a contrata, 185 mil empleados municipales, más 85 mil funcionarios de universidades públicas y empresas del Estado. Esta cifra nos permite establecer que esta estructura genera directamente 440.000 mil empleos formales y protegidos. Esto sin contar el número de trabajadores a honorarios, tanto en el gobierno central como en las municipalidades, los que deberían superar los 200 mil empleados bajo este régimen contractual.
 
La contratación de trabajadores a contrata y a honorarios, se debe específicamente a que “la planta de la administración pública prácticamente no ha crecido en 10 años. En 1996 sumaba 90.048 y hoy bordea los 91 mil. Mientras, los trabajadores bajo régimen alternativo se doblaron en ese período. Producto de esto, la ANEF estima que el Estado tiene a contrata y honorarios a más del 40% de su gente. Dentro de este universo, incluso hay personas subcontratadas que prestan servicios en casinos, vigilancia o están en caja, como sucede en Fonasa ”.
 
No debemos olvidar que, las fuerzas armadas y de orden también son funcionarios financiados directamente por el Estado. Estos ciudadanos, son un porcentaje importante del que hacer público, como ejemplo tenemos al ejército, que posee 81.200 efectivos activos y más de 100.000 reservistas, número similar de carabineros, aunque los efectivos de la armada y la aviación son inferiores (no tenemos el dato exacto) ellos representan un gasto considerable, al igual que lo es gendarmería de Chile y la Policía de Investigaciones. 
 
A lo anterior, debemos sumar que CAPREDENA y DIPRECA, cajas de previsión social del ejército y carabineros respectivamente, otorgan 158.479 pensiones (para el años 2005). Este sistema de previsión social, es más caro que las mismas AFP, ya que es necesario tener al aparato represivo y defensor de la democracia grato y contento, para que de esta forma lograr evitar nuevos levantamientos o pronunciamientos militares. 
 
Las fuerzas armadas, no sólo representan costos asociados a salarios y pensiones, ya que por ejemplo se debe mantener, en el caso de carabineros, 402 cuarteles a nivel nacional, un número un poco más reducido de establecimientos del ejército, armada, aviación, policía de investigaciones y gendarmería. Estos cuarteles son construidos por las empresas privadas, al igual que los uniformes, armas, balas, cinturones, gorras, zapatos, calcetas, motos, autos, camiones, tanques, aviones, helicópteros, radios, teléfonos, furgones, micros zorrillos y guanacos, incluso las bombas lacrimógenas que utilizan para reprimir al pueblo deben ser adquiridas con recursos del Estado, y por lo que tenemos entendido no son muy baratas. 
 
Mantener a estas instituciones militares y de orden, significa la generación de múltiples cadenas productivas nacionales e internacionales, trabajo que se traduce en ganancias para los empresarios propietarios de dichas empresas y salarios para los trabajadores que laboran en las mismas.
 
 
 
 
 
 
 
La información expuesta, ha perseguido el objetivo de demostrar materialmente que es el Estado y no la empresa privada el motor de la economía nacional y mundial. Esta entidad pública, para poder subsistir y permanecer en el tiempo, requiere no sólo de la obtención de recursos, si no también, distribuir éstos mismos participando de esta forma del proceso de movimiento económico nacional así como también mundial. Esta riqueza, que es distribuida por el Estado, es generada, en el caso chileno, principalmente por la explotación de recursos naturales provenientes de la tierra y el mar, como también de los impuestos y sobreimpuestos que paga nuestro pueblo, a su vez, el 72% de las fuentes de empleo chilenas son generadas por la microempresa que subsisten principalmente de los subsidios entregados por el mismo estado y de la venta de bienes y servicios realizada en su mercado doméstico.
 
  Las riquezas naturales, a pesar de ser propiedad de la nación, se encuentran principalmente en manos de la empresa privada, que se apropia no sólo de estas riquezas que son generadas gracias al trabajo de nuestro pueblo. Esta situación ocurre y se mantiene específicamente por la concepción ideológica instalada e internalizada, que asegura que el aparato público no tiene la capacidad de poder generar procesos económicos. Este paradigma materialmente es refutado, a partir de la información entregada.
 
El recuento expuesto, por diverso motivos, adolece de información que demuestra más fehacientemente nuestra afirmación, particularmente en el caso de los subsidios entregados directamente a la gran empresa privada del transporte como es el caso del Transantiago, empresas concesionarias de carreteras,  productoras y distribuidoras de electricidad, extractoras de productos marinos y salmoneras, empresas explotadoras de cobre, molibdeno y litio entre otras, que no han sido expuestas, ya que nos hemos referido largamente a éstas en otros documentos.
 
Por otro lado, si el Estado no fuera un importante generador de recursos, no se explicaría el interés demostrado por las diversas fuerzas políticas y empresariales por apropiarse de él. Ejemplo de ello son los casos de corrupción (corrupción entre comillas) que se están ventilando en la actualidad en nuestro país, todos o en su gran mayoría asociados al financiamiento de campañas electorales, presidenciales, de diputados y senadores así como también de alcaldes y concejales.
 
Finalmente, la concepción ideológica que denosta al Estado como motor del progreso y el bienestar social,  busca particularmente apropiarse de los bienes y las riquezas que le pertenecen a un pueblo y no a sujetos particulares como nos han hecho creer hasta el momento.
 

 

 

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Mario Paz Montecinos

Militante de Los Hijos de Mafalda

Sección Tocopilla

 

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